El campo de la Región de Murcia tiene en el siglo XIX su fase de mayor población gracias a un fenómeno de ocupación de tierras vacías debido principalmente al aumento demográfico, mejores cosechas, escasez de sequías y recortes de hambrunas y epidemias.
A mediados de esta centuria se consolida la sociedad burguesa y liberal.
El persistente déficit presupuestario de la Hacienda Pública hizo necesario un nuevo replanteamiento de las partidas de ingresos que compensara el desequilibrio con los gastos. Se creó un nuevo impuesto llamado de Contribución Rústica que pretendía incrementar la capacidad recaudatoria del sector primario mediante una reforma que obligara a cotizar a la mayoría de los grandes propietarios. Se configuraron entonces los amillaramientos, padrón en que constan los bienes inmuebles, de cultivo y de ganadería con sus titulares.
La gran propiedad quedaba representada por los propietarios propiamente dichos. Dentro de este grupo se incluía la burguesía mercantil y minera; otros miembros pertenecientes a las oligarquías urbanas; y los propietarios de profesiones liberales que acceden paulatinamente a la mediana propiedad mediante la compra de micro parcelas procedentes en la mayoría de los casos de pequeños propietarios.
La mediana propiedad se distinguía por la presencia de los labradores, grupo que constituyó el elemento más dinámico de la economía agraria. Son a la vez propietarios y arrendatarios de grandes extensiones que actúan con criterios rentabilizadores propios de un empresario capitalista. Incrementaron su patrimonio mediante sistemáticas compras de tierras procedentes de jornaleros y propietarios, incorporándose algunos a la categoría de grandes propietarios. Hacia 1930 pasan a ser llamados agricultores.
La pequeña propiedad se nutre de un numeroso grupo de jornaleros y pequeños propietarios, representando un sector socialmente inestable y con tendencia a la movilidad laboral. En esta categoría es donde se detecta el proletariado agrícola, con explotaciones cuyas dimensiones son más propias de áreas de regadío e insuficientes para mantener los niveles mínimos de subsistencia en espacios donde predomina el secano.
La gestión indirecta predominó en la gran propiedad y son escasas las ocasiones donde el titular se responsabiliza del control y administración de la finca. Lo más corriente era ceder las tierras a distintos grupos de aparceros para que las cultivaran y el sistema del arrendamiento se destinaba a labradores.
Los cambios en la titularidad de la tierra, así como la mejora de la distribución y el uso del suelo, dieron como resultado una parcelación del terrazgo consolidando el modelo de explotación basado en la agricultura familiar. Con la capitalización de este sistema comenzaron una serie de cambios que afectaron fundamentalmente al sistema de cultivos o a la explotación de acuíferos. Con la llegada del Trasvase Tajo-Segura se incrementarían las áreas regables introduciéndose nuevos cultivos, renovándose las técnicas de utillaje o acelerándose los procesos de mecanización. A finales del siglo XX se detecta una concentración parcelaria con lo cual hay menos propietarios vinculados a la tierra.
