La I República y el cantón de Cartagena

     La dimisión del Rey Amadeo I de Saboya (1873), por la oposición de los partidos políticos a su gestión y los conflictos bélicos carlista y cubano, provocó el cambio de sistema de Gobierno en España. El federalista Francisco Pi y Margall presentó la propuesta republicana a sus señorías en Cortes. La Asamblea Nacional aprobó el advenimiento de la I República en las Cortes, por mayoría absoluta, el día 11 de febrero de 1873 con 258 votos a favor y 32 en contra, a pesar de la mayoría de parlamentarios monárquicos. "La Asamblea Nacional declara la República como forma de Gobierno de España". El líder republicano Emilio Castelar justificaba de la siguiente manera la instauración del nuevo régimen. "Señorías, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de Amadeo I de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma. Nadie trae la República, la traen una conjuración de la sociedad, la naturaleza y la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria".

     Estanislao Figueras asumió los cargos de jefe del Gobierno provisional y del Estado. El nuevo Ejecutivo estaba integrado por progresistas y republicanos federales y contaba entre sus ministros con ex-diputados por Murcia como José Echegaray en Hacienda y Ángel Carvajal Fernández de Córdoba en Marina. La etapa de Estanislao Figueras se caracterizó por la inestabilidad política, con la proclamación efímera del Estat Catalá y los golpes de Estado fallidos de la oposición, y la crisis económica, con el incremento del déficit y el paro. Las medidas más destacadas del gabinete Figueras fueron la supresión de la esclavitud en Puerto Rico y la sustitución del servicio militar obligatorio por el batallón de Voluntarios de la República.

     El Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes en mayo de 1873. Los republicanos federales obtuvieron la mayoría absoluta de la Cámara con 343 escaños por 21 del resto de partidos. Los diputados por la provincia de Murcia eran: Antonio Gálvez Arce, líder del Partido Republicano Federal murciano; Evaristo Llanos Rague, del Comité Provincial Federal; Jerónimo Poveda Nogerou, ex-coronel de Milicias; Diego Rueda Espada, líder federalista de Moratalla, y Alfredo Sauvalle Gil de Avalle, y repitieron legislatura José Cayuela Ramón, alcalde de Murcia; Manuel Gómez Marín, abogado; Manuel Lapizburu Alcaraz, propietario; Francisco Pérez Guillén, de la Asamblea Provincial del Partido Republicano Federal, y José Prefumo Dodero, abogado.

     Las Cortes Constituyentes aprobaron el establecimiento de la República Federal, con 219 votos a favor y 2 en contra, el día 8 de junio de 1873. Los federalistas, a su vez, apostaban por una división territorial del Estado en cantones independientes, a imitación de Suiza. Las disensiones internas en el seno del Consejo de Ministros causaron la dimisión del presidente Estanislao Figueras el 10 de junio. "Señores, ya no aguanto más. Estoy hasta los cojones de todos nosotros". Las Cortes eligieron como sustituto al federalista Francisco Pi i Margall al día siguiente. El programa del nuevo Gobierno era: la elaboración de una nueva Constitución; el reparto de tierras entre los campesinos no propietarios; el restablecimiento del ejército regular; la separación Iglesia-Estado; la supresión de la esclavitud en Cuba; la creación de los jurados mixtos de empresarios y trabajadores para la resolución de conflictos laborales; la jornada de trabajo de 8 horas; el derecho de sindicación obrera, y la limitación del trabajo infantil. El presidente Pi i Margall impulsó el proyecto constitucional con la creación de una comisión compuesta de 25 miembros. El borrador de la Carta Magna recogía los principios de soberanía nacional; la división de poderes: ejecutivo (Gobierno), legislativo (Cortes), judicial (Justicia) y de relación (presidente de la República); el sufragio universal masculino; las libertades de expresión, reunión, asociación y culto, y la descentralización administrativa. El Estado federal contemplaba la división de España en 17 Estados soberanos con autonomía completa para dotarse de Constitución y de sus propios órganos de Gobierno.

     La impaciencia de los republicanos federalistas ante la lentitud en la aprobación del proyecto constitucional provocó el estallido de huelgas revolucionarias y la fundación de cantones independientes en el Levante y Andalucía. El cantonalismo triunfó dentro de la provincia murciana en Cartagena, Murcia, Jumilla, Caravaca, Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva, Archena, Las Torres de Cotillas, Alhama, Lorca, Fuente Álamo y Pliego. En la ciudad de Murcia, el líder federal Jerónimo Poveda dirigió la sublevación cantonalista. El batallón de Voluntarios de la República tomó el Ayuntamiento el 14 de julio, con el consentimiento del gobernador civil. El presidente Pi i Margall presentó la dimisión irrevocable el 18 de julio, por su oposición a reprimir el movimiento cantonal. Las Cortes designaron nuevo presidente a Nicolás Salmerón. El nuevo jefe del Gobierno erradicó los cantones independientes entre el 26 de julio y el 8 de agosto, mediante el envío del ejército a las zonas sublevadas. En Murcia, la Junta Cantonal abandonó la capital con destino a Cartagena ante la inminente llegada de las tropas del general Martínez Campos. La ciudad portuaria se convertiría en el último bastión del cantonalismo en España.

     En Cartagena, los republicanos federales proclamaron el cantón el 12 de julio de 1873 mediante la colocación de la bandera roja (símbolo revolucionario) en el castillo de San Julián. Los cantonalistas ocuparon el Ayuntamiento, el Arsenal y las baterías de costa. El cantón de Cartagena permaneció independiente del Gobierno central debido al poderío de la Flota española asentada en su puerto (cinco fragatas, dos vapores y una corbeta) y al sistema de fortificaciones de la ciudad costera. Roque Barcia dirigía la Junta Revolucionaria y el guerrillero Antonete Gálvez asumió el cargo de comandante en jefe del ejército cantonal. El líder revolucionario delegó el mando de la Flota en el general Juan Contreras. Los sublevados intentaron sin éxito la expansión de su territorio hacia el interior con incursiones por Hellín, Orihuela y Lorca, y utilizaron la Armada como instrumento de intimidación para financiar el mantenimiento del cantón a costa de los impuestos de las ciudades costeras de Alicante, Torrevieja, Águilas, Mazarrón, Vera y Almería. La Junta Revolucionaria creó el periódico 'El Cantón Murciano', para la difusión de sus ideas y noticias, y emitió el duro cantonal como moneda propia, aprovechando la riqueza mineral de la región. La independencia del cantón de Cartagena se vio amenazada con el inicio del asedio del general Martínez Campos a la ciudad en el mes de agosto de 1873.

     El presidente Salmerón presentó su renuncia al cargo el 7 de noviembre por una cuestión moral. "Abandonó el poder por no firmar una sentencia de muerte", reza el epitafio de su tumba. Las Cortes eligieron como sustituto al ex-ministro de Estado Emilio Castelar. El nuevo líder del Gobierno instauró la República unitaria y consiguió la concesión de poderes extraordinarios del Parlamento para solucionar los graves problemas políticos, económicos y sociales del país. Emilio Castelar presentó la dimisión el 2 de enero de 1874 tras la pérdida de una moción de confianza en las Cortes. El general Manuel Pavía evitó el restablecimiento del federalismo mediante un golpe de Estado y encargó la formación de un nuevo Gobierno de unidad nacional al militar Francisco Serrano.

     El general Serrano instauró una dictadura republicana y decretó la disolución de las Cortes Generales. El nuevo presidente consiguió la derrota definitiva del cantón de Cartagena mediante su conquista por el general José López Domínguez el 12 de enero de 1874. Los cantonalistas se rindieron tras un asedio continuado de seis meses y la destrucción de la mayor parte de la ciudad en los bombardeos. Los insurrectos se enfrentaron a penas de muerte o cárcel tras la entrada de las tropas. Los más afortunados, como el líder cantonal Antonete Gálvez, lograron la huida al exilio de Argelia o la concesión de una amnistía del Gobierno. Una vez resuelto el problema cantonal, el general Serrano delegó el poder político para dirigir la lucha del ejército contra las tropas carlistas en el Norte peninsular. El general Arsenio Martínez Campos selló el final de la I República con el triunfo del golpe de Estado de Sagunto el 30 de diciembre de 1874. La aceptación del pronunciamiento por el Gobierno de Mateo Práxedes Sagasta supuso la restauración de la monarquía en la persona del Rey Alfonso XII.

  Antonio Gómez-Guillamón Buendía