La Regencia del general Serrano: el nacimiento de La Unión

     La Revolución de 'la Gloriosa' en 1868 provocó la caída de la Reina Isabel II y la formación de un Gobierno provisional integrado por unionistas, progresistas y republicanos, bajo la presidencia del general Francisco Serrano. El nuevo Ejecutivo convocó elecciones constituyentes en 1869, con triunfo del Partido Progresista con 159 diputados, seguido de la Unión Liberal y el Partido Republicano Federal con 69 escaños y del Partido Demócrata con 20. Los isabelinos y los carlistas quedaron reducidos a partidos minoritarios en la Cámara. A la conclusión de las elecciones, el general Francisco Serrano asumió la Regencia de la Corona y nombró al general Juan Prim jefe del Gobierno. Las principales medidas económicas del nuevo gabinete fueron la introducción de la peseta como nueva moneda, en 1868, y el arancel librecambista, del ministro Laureano Figuerola, para el desarrollo del comercio.

     Los diputados de la provincia de Murcia en las Cortes del periodo eran: Joaquín Aparicio Moreno, abogado; Juan Contreras Román, presidente de las Cortes; José Echegaray Eizaguirre, ingeniero y ministro de Fomento; Feliciano Herreros de Tejada, comerciante y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso; Manuel Moxó Pérez, ordenador de pagos del Gobierno; José Prefumo Dodero, letrado; José María Soroa San Martín, senador; Jerónimo Torres Casanova, clérigo, y repitieron legislatura Antonio Cánovas del Castillo, abogado y ex-ministro, y José Posada Herrera, ex-ministro y embajador de España ante el Vaticano en Roma.

     Las nuevas Cortes elaboraron la Constitución progresista de 1869. Sus principios esenciales consistían en la monarquía parlamentaria como sistema de gobierno; la división de la Cortes en las cámaras del Congreso y el Senado; la soberanía nacional reside en el pueblo; la división de poderes: ejecutivo (el Gobierno), legislativo (las Cortes) y judicial (los jueces); la concesión por primera vez en la Historia del sufragio universal masculino (el derecho al voto se amplía al 25% de la población) y el reconocimiento de las libertades de asociación, prensa y culto. La libertad religiosa constituía un hito en la Historia del constitucionalismo español del siglo XIX.

     La provincia de Murcia basaba su economía en la minería y el esparto. El auge de la minería motivó la fundación de la villa de La Unión (1868), con la fusión de los caseríos de El Garbanzal y Las Herrerías. Los otros centros mineros de importancia eran Cartagena, Águilas y Mazarrón. La actividad minera atraía a trabajadores inmigrantes procedentes del interior de la región murciana y de Andalucía. La aprobación de la Ley de Bases de la Legislación Minera en 1868 permitió la desamortización de las minas y la emisión de concesiones estatales de explotación a las compañías extranjeras, principalmente británicas y francesas. Por otra parte, la industria del esparto se desarrolló en las comarcas del Valle de Ricote, Vega Alta, Noroeste, Oriental y Valle del Guadalentín. Los núcleos de producción se dedicaban a la elaboración de cestos, esteras, prensas y cordelería de carácter artesanal. El principal destino de la artesanía del esparto murciano era el mercado inglés, donde existía una gran demanda de este producto como materia prima para la fabricación de papel. La industria de las salinas también gozaba de importancia para la economía provincial con sus dos grandes centros productores de Mazarrón y San Pedro del Pinatar.

     La instauración del Sexenio Revolucionario (1868-74) coincidió con el inicio de la Guerra de Cuba. Los revolucionarios cubanos inauguraron el levantamiento insurreccional con el Grito de Yara de 1868, en reivindicación de la supresión de la esclavitud, la concesión de autonomía política y la igualdad de derechos entre criollos y peninsulares. Los isleños sublevados aprobaron en la Asamblea de Guaimaro su propia Constitución y el nombramiento de Carlos Manuel de Céspedes como comandante en jefe de las fuerzas independentistas. España envió a su ejército para aplastar la sublevación y consolidar su dominio sobre la colonia caribeña. La fortaleza de la resistencia cubana, la dificultad del terreno y las enfermedades tropicales provocaron numerosas bajas entre las tropas españolas. Las autoridades españolas concienciaron a la población sobre la necesidad del alistamiento voluntario, para evitar el llamamiento de las quintas, y la contribución económica para la financiación del conflicto. "Acudo al sentimiento generoso de este pueblo que tanto se ha distinguido siempre por su abnegación y patriotismo. Las circunstancias especiales del país hacen necesario el reemplazo inmediato de las bajas del ejército con el llamamiento de 25.000 hombres. El procedimiento de la quinta queda relegado al último lugar como medida extrema para el caso en que los enganches voluntarios no produjeran el resultado apetecido. Con un pequeño sacrificio podéis salvar todos los conflictos, acudiendo a inscribir vuestros nombres en la suscripción voluntaria para cubrir en metálico el cupo de esta ciudad y su término", afirmó el diputado por Murcia José Prefumo en una 'Carta a los Cartageneros'.

     El Gobierno del general Juan Prim buscaba un candidato ideal para la sucesión de Isabel II al frente de la Corona española. Los candidatos al trono eran el príncipe Leopoldo Hohenzollern, de Alemania; el duque de Aosta, Amadeo de Saboya; el general Baldomero Espartero, el duque de Montpensier, Antonio María de Orléans; Fernando de Coburgo, padre del Rey de Portugal; el príncipe de Asturias, don Alfonso; y el pretendiente Carlos VII. La opción preferida era la del príncipe germano Leopoldo de Hohenzollern. La oposición decidida de Francia al proyecto provocó la guerra franco-prusiana de 1870 y la renuncia de Leopoldo Hohenzollern a su candidatura. El general Juan Prim escogió como sustituto al duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hijo del Rey de Italia. El príncipe italiano consiguió la aceptación de las Cortes con el apoyo de la mayoría absoluta de las Cortes (191 diputados). Amadeo de Saboya se convertía en el nuevo Rey de España en el año 1871.

  Antonio Gómez-Guillamón Buendía