La Década Moderada: la liberación de la Orden de Santiago

     La caída de la Regencia del general Baldomero Espartero, a consecuencia del levantamiento militar de Narváez y O'Donnell, supuso el ascenso al trono de la Reina Isabel II con 13 años. Los liberales moderados gobernaron durante la primera década de su reinado bajo el liderazgo del general Ramón María Narváez. El nuevo presidente del Gobierno impulsó la aprobación de la Constitución moderada de 1845. Sus principios esenciales eran: soberanía compartida Rey-Cortes, división de poderes: ejecutivo (Gobierno), legislativo (Cortes y Rey) y judicial (Justicia); sistema bicameral, con el Congreso de los Diputados (elección popular) y el Senado (designación real); sufragio censitario (el derecho a voto, limitado al 1% de la población), y confesionalidad católica.

     La Década Moderada conllevó una mayor centralización del poder. El Ejecutivo se encargaba del nombramiento de los gobernadores civiles de las provincias y éstos, a su vez, elegían a los alcaldes de los municipios. El Gobierno liberal de Juan Bravo Murillo firmó un Concordato con el Vaticano en 1851, para lograr la mejora de las relaciones bilaterales con la Iglesia Católica, deterioradas desde la aprobación de la desamortización eclesiástica de Mendizábal. El Concordato suponía el reconocimiento de la confesionalidad católica del Estado, la paralización de las desamortizaciones eclesiásticas, la participación de la Iglesia en la educación de la sociedad en sus diferentes niveles y la influencia del Gobierno español en el nombramiento de los obispos.

     Los diputados de Murcia en las Cortes de la Década Moderada fueron: Agustín Alfaro Godínez, inspector de la Administración; Rafael de Bustos Castilla, marqués de Corvera; Mariano Fontana; Fulgencio Fuster López, conde de Roche; José Hernández Ariza, miembro del Consejo Real; Pedro Herrera Troyano, magistrado; Luis Manresa Megía; Diego Marín Barnuevo, propietario; Francisco Pérez de Meca, ex-militar; Joaquín Roca de Togores, propietario; Mariano Roca de Togores, marqués de Molins; José María Ródenas Loustau, auxiliar del Consejo Real; Antonio Ros de Olano, conde de Almina; Tomás Valarino Gatorno, industrial; Casimiro Vigodet Garnica, marino, y Eduardo Wall, propietario, y repitieron de la anterior legislatura Diego María Chico, Fernando Díaz de Mendoza, Joaquín Fernández de Córdoba y José Antonio Ponzoa.

     Los congresistas en Cortes del reino de Murcia más destacados en esta legislatura fueron los siguientes: Mariano Roca de Togores, ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847), ministro de Marina (1847-49 y 1853-54), ministro de Gobernación interino (1848) y ministro de Guerra interino (1849-50); Joaquín Roca de Togores, ministro de Gobernación interino; Antonio Ros de Olano, ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847); Casimiro Vigodet Garnica, ministro de Marina (1852), y José Hernández Ariza, miembro del Consejo Real.

     La consolidación del liberalismo en España permitió la liberación de los municipios murcianos bajo la dominación señorial de la Orden Militar de Santiago. La orden santiaguista había ejercido el gobierno político y económico, desde la Reconquista cristiana del reino de Murcia en la Edad Media, en las comarcas de la Vega Alta, el Valle de Ricote, la Vega Media, el Río Mula, el Noroeste y el Valle del Guadalentín. Los municipios liberados eran los de Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura, Ceutí, Lorquí, Pliego, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Aledo y Totana. El lema de los liberales moderados consistía en orden y libertad. Los problemas de seguridad, debidos al bandolerismo, llevaron al Gobierno de Narváez a la creación de la Guardia Civil en 1844 para el mantenimiento del orden en las áreas rurales. La fundación de la Benemérita conllevó la supresión de la Milicia Nacional y la reducción de la delincuencia en España. Los agentes de la Guardia Civil erradicaron el bandolerismo del interior del reino de Murcia.

     El ministro de Hacienda, Alejandro Mon, desarrolló en el año 1845 una reforma tributaria basada en la unificación de los impuestos nacionales, la creación de impuestos directos sobre los bienes inmuebles, el comercio y la industria, y la eliminación de la mayoría de los impuestos indirectos y de las aduanas interiores o fielatos. Además, la inauguración de las primeras líneas del ferrocarril, Barcelona-Mataró (1848), Madrid-Aranjuez y Valencia-Játiva, favoreció el crecimiento económico de la nación y la reactivación del comercio. El auge económico del reino de Murcia se caracterizó por el despegue de la minería en La Unión, Águilas, Mazarrón y Cehegín con la explotación de la plata, el plomo y el hierro a partir de la década de los '40'. Las minas murcianas constituyeron focos o polos de atracción de trabajadores procedentes de regiones vecinas, como por ejemplo Andalucía. Además, gozaba de importancia económica la producción molinera de harina y pimentón en la huerta de Murcia y el campo de Cartagena, y la próspera industria del esparto en Águilas, Cehegín y Cieza. La manipulación del esparto daba lugar a las industrias que luego lo transformaban, por ejemplo, en cordelería o alpargatería.

  Antonio Gómez-Guillamón Buendía