Más información en "Legado morisco en el Valle de Ricote"
La deportación de los moriscos en el Reino de Murcia se llevó a cabo en dos fases:
1/- Una primera que se hizo efectiva entre el 18 de enero y el 22 de marzo de 1610, expulsándose a más de 6.500 moriscos granadinos residentes en el reino desde la rebelión de las Alpujarras, a través del puerto de Cartagena y bajo la supervisión de don Francisco Barnuevo.
2/- Segunda deportación que afectó a unos 8.000 antiguos mudéjares murcianos, a través del bando de expulsión del 8 de octubre de 1610, siendo ejecutado de forma efectiva a partir del 19 de octubre de 1613 por don Luis Fajardo. Este retraso fue ocasionado por las resistencias que se originaron ante la deportación de una minoría étnica bien integrada en el reino desde la conquista, que poblaba mayoritariamente el valle de Ricote.
En definitiva, unos 15.000 moriscos deportados del Reino de Murcia, sobre una población aproximada de unos 100.000 habitantes, lo que supone en torno a un 15% de la población total. Elevado porcentaje que lleva a preguntarnos: ¿qué consecuencias generales tuvo esta controvertida decisión política para el reino murciano?
La historiografía general sobre el tema de los moriscos ha aportado diversas explicaciones y teorías sobre las consecuencias generadas por esta expulsión en los territorios de la monarquía hispánica, magnificándolas unos y minimizándolas otros, a la vez que generando un interesante debate.
Por ejemplo Antonio Domínguez Ortiz y B. Vincent consideran que no se puede hablar de economía castellana general, por lo que la expulsión y sus efectos deben analizarse por regiones, afectando mayormente a aquellas donde residían en más número, como por ejemplo Murcia. Según estos autores las repercusiones en nuestra provincia fueron especialmente duras, tanto en la capital como en las zonas rurales, basándose para ello en las quejas presentadas por el concejo y el representante de las cortes. Mientras que a nivel general este hecho supuso la escasez de brazos, especialmente en oficios como la cría de la seda, hortelanos, arrieros, labradores, artesanos,...etc. También destacan la extracción de numerario que agudizó el problema monetario, ya que fueron autorizados a llevar consigo parte de su dinero y joyas, o la pérdida de rentas señoriales y eclesiásticas. Aunque también hubo beneficiados como las clases más populares, eliminando a un grupo competidor laboralmente, abriéndose la posibilidad de comprar bienes a bajo precio, apareciendo tierras colonizables y eliminándose las deudas con acreedores pertenecientes a esta minoría étnica. Otros autores que consideran las negativas repercusiones que tuvo la deportación para la Península Ibérica son por ejemplo, T. Halperin Donghi o H. Laupery.
Estas opiniones no serán compartidas por todos los investigadores que han estudiado los efectos de la expulsión en la Península Ibérica. Por ejemplo, un clásico de la historiografía sobre la modernidad española como E. J. Hamilton, considera que las catástrofes consecuencias económicas de la expulsión no fueron tales, basando su afirmación en la estabilidad de los precios de los productos elaborados por esta minoría étnica antes de su deportación. Teoría esta de Hamilton duramente criticada por otro clásico como J. Reglá, considerando que únicamente los precios no es suficiente para clarificar una situación que, sin duda, fue crítica para la agricultura de zonas como Valencia o Aragón. Jordi Nadal también minimiza las consecuencias de la deportación, no suponiendo nada más grave que una epidemia corriente, así como J. Casey, J. C. Salyer, etc.
